La gestión de nuestros recursos genera una cultura de autorresponsabilidad.

No es nuestra intención utilizar este artículo para criticar a los que rechazan el derecho del pueblo catalán o del vasco a decidir su futuro, sino intentar explicar a la opinión pública española por qué nuestras sociedades rechazan una relación de dependencia respecto al Estado español. Esta perspectiva permite sustituir el debate sobre las ventajas e inconvenientes de la independencia —que todos desconocemos—, por otro más clarificador sobre los costes de la dependencia —que todos conocemos—para el pueblo catalán o el vasco.

La situación de dependencia actual está directamente relacionada con el modelo de país que podemos construir. Lo hemos visto claramente en Escocia. Aquellos países que, como Cataluña, no tienen capacidad recaudatoria y sufren la permanente limitación de otros instrumentos centrales del autogobierno (políticas sociales, educativas o culturales), dependen de las decisiones estratégicas que se tomen en Madrid. Cataluña, hoy en día, no puede decidir con libertad cómo hacer frente a la actual situación de crisis global y no puede invertir los recursos generados dentro del país para diseñar políticas públicas que cuestionen el modelo neoliberal que está imponiendo el Gobierno del Partido Popular.

Como hemos aprendido en Euskadi durante las últimas décadas, la gestión de nuestros recursos genera una cultura de la “autorresponsabilidad” en la que nuestro bienestar depende de las decisiones que tomemos nosotros mismos. Si trabajamos duro, si invertimos en conocimiento avanzado, innovación tecnológica y social, en un modelo de desarrollo humano sostenible, en lugar de esperar a que llegue un “cambio de ciclo” externo, las cosas nos irán bien. Por el contrario, si no lo hacemos bien, no podremos echar la culpa a Madrid. Resulta fundamental detenerse un momento y pensar las implicaciones que tiene un cambio de paradigma de estas características a todos los niveles: político, económico y social.

Se suele decir que es fácil hablar de autorresponsabilidad cuando un territorio es rico y las cosas le van bien, pero es necesario recordar que cuando Euskadi reclamó y puso en marcha el autogobierno, nuestra situación económica era desesperada. Se había desmantelado toda nuestra estructura productiva relacionada con la industria pesada, los Gobiernos socialistas apostaban por abandonar la manufactura y defendían aquello de que “la mejor política económica es la que no existe”. Por si fuera poco, teníamos un problema abierto de violencia y terrorismo que alejaba muchas posibilidades de inversión exterior. A pesar de esta situación (desgraciadamente no existen muchos ejemplos internacionales en los que se le haya dado la vuelta), Euskadi supo crear un verdadero movimiento de transformación socioeconómica basado en la colaboración público-privada, que hoy en día es estudiado por prestigiosas universidades internacionales a través de Agirre Lehendakaria Center.

Lo relevante para el debate es que pudimos desarrollar esta intervención gracias a nuestras propias decisiones. Las cosas nos podrían haber ido mal, podríamos haber fracasado en nuestro intento por reindustrializar el país a través de la manufactura avanzada y los nuevos modelos de gestión impulsados por la economía social. Podríamos haber terminado siendo un desierto industrial, como tantos otros territorios que se dejaron convencer por la panacea de los servicios. Ahora estaríamos pagando religiosamente al Estado español por los servicios que presta en Euskadi sin poder generar los recursos para hacerlo. Estoy seguro de que no se nos hubiera condonado ninguna deuda y que hoy se recordaría con escarnio cómo nos atrevimos a tomar una decisión tan arriesgada.

Tradicionalmente, se justifica la necesidad de tomar las decisiones en Madrid para garantizar la solidaridad territorial. Pero la realidad es que los recursos generados por el Estado no se han invertido en crear un modelo socialmente sostenible. Además de las tasas de paro y pobreza, España es ya el segundo país más desigual de la Unión Europea y no creo que se pueda achacar esta realidad al concierto económico vasco. La solidaridad no depende de un modelo centralista, sino de cómo se construye una cultura de respeto a la dignidad de las personas, a sus expresiones colectivas, cómo se generan los recursos de manera más eficiente y de cómo se distribuyen posteriormente. Casi nadie menciona que Euskadi es una de las sociedades más igualitarias de la Unión Europea y paga todos los años un porcentaje de su PIB a la solidaridad intraterritorial dentro del Estado español.

Otro ejemplo de la inversión en solidaridad es la ley que garantiza unos ingresos básicos a toda la ciudadanía y que tanto debate está generando en la política española recientemente. Pues bien, Euskadi puso en marcha un sistema universal de estas características hace 20 años y hoy en día, la única fuerza política que lo quiere suprimir es el PP. Es inaceptable que se ondee la bandera de la solidaridad para justificar la indisoluble unidad de la patria cuando los recursos generados por el Estado se reparten a través de tarjetas black. Queremos poder decidir nuestro futuro y no ser dependientes para construir un país mejor, más solidario.

Todos estamos condicionados por las decisiones europeas, pero a día de hoy las cuestiones centrales siguen estando en manos de los Estados-nación. No puede ser que España esté dispuesta a ceder soberanía con otros Estados de la Unión Europea y rechace hacer lo mismo con Cataluña o Euskadi. La única razón para justificar esta dinámica es que no nos reconoce como iguales, sino algo inferior, dependiente. Créanme cuando les aseguro que no realizamos esta afirmación con ánimo descalificativo, simplemente tratamos de constatar una evidencia.

En un contexto de cambio histórico tan importante como el que se vive a nivel global, Euskadi y Cataluña no pueden ni quieren ser dependientes del Estado español. Deseamos construir nuestro propio modelo de desarrollo humano sostenible y sólo puede hacerse desde el respeto al derecho a decidir de nuestra ciudadanía. Desde esta base, aspiramos a construir las mejores relaciones sociales, económicas, culturales y políticas con los pueblos que desean formar parte del Estado español… y lo conseguiremos, somos insistencialistas.

Publicado en El País / 16 DIC 2014.