Post invitado de Michael Keating, profesor de Ciencias Políticas en las universidades de Aberdeen y Edimburgo y director del Scottish Centre on Constitutional Change.

El 18 de septiembre de 2014 Escocia votará si se convierte o no en un país independiente.  Entre las personas con derecho a voto se incluyen todos los ciudadanos británicos, de la Commonwealth y de la Unión Europea residentes en Escocia en la fecha en cuestión. La pregunta, en contraposición a las propuestas en otros lugares, es claramente directa:

¿Debería Escocia ser un país independiente?

  • No

¿Cómo es posible que en el Reino Unido los partidos políticos se hayan puesto de acuerdo en el procedimiento y en la pregunta, asuntos que han sido imposibles de resolver en España? Es tentador achacarlo al estereotípico sentido común y a la moderación de la cultura política británica, pero sería algo engañoso. Hace cien años, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, el Partido Conservador Británico amenazaba con la resistencia armada, incluyendo un motín militar, para oponerse no sólo a la independencia de Irlanda, sino a su mera autonomía (Home Rule). Durante décadas, los conservadores británicos y muchos miembros del Partido Laborista negaron la autonomía a Escocia frente a la fuerte demanda que existía y no fue hasta 1997 cuando finalmente cedieron. Una razón para esta respuesta negativa por aquel entonces era precisamente la experiencia previa de Irlanda, ya que la mayor parte del país acabó por independizarse en 1922. En 1972 y de nuevo en 1998, los gobiernos británicos reconocieron explícitamente que Irlanda del Norte podría abandonar Reino Unido para unirse a la República de Irlanda. Para la década de los noventa incluso los primeros ministros conservadores Margaret Thatcher y John Major aceptaban ya que no podían ir en contra de la voluntad de los escoceses, a pesar de oponerse ferozmente a la independencia de Escocia. Su principal motivo era que el Reino Unido no es un estado unitario homogéneo, sino una unión, cuyas partes principales no pueden mantenerse unidas en contra de su voluntad.

El unionismo es una versión particular de nacionalismo que nunca ha sido una doctrina homogeneizadora como en el caso del jacobismo francés o del unitarismo español. Era más bien una práctica política que reconocía plenamente la diversidad nacional del país, siempre y cuando el poder último recayera sobre el centro. Los unionistas reconocían por tanto la pluralidad cultural del reino. El unionismo falló en Irlanda, excepto entre los protestantes, pero prosperó en Escocia. Ahora está fallando allí también. El Partido Conservador en Escocia ha ido convirtiéndose, a lo largo de los últimos cincuenta años, en un partido cada vez más inglés. Aunque sus líderes están determinados a salvar la unión, hay un sector dentro de la opinión conservadora al que no le importaría que Escocia se independizara, lo que llevaría a una mayor giro hacia la derecha y al Eurosceptical United Kingdom (Reino Unido Euroescéptico), o rUK, como se le suele llamar.

Las encuestas muestran que el apoyo a la independencia de Escocia es tan alto en Inglaterra como en la propia Escocia, por lo que Inglaterra no puede sacar demasiado provecho político de hacer de Escocia un problema. Precisamente aquellos ingleses que confundían a Inglaterra haciendo de Escocia un problema. Aquellos que solían confundir Inglaterra con Gran Bretaña y el Reino Unido, son los que ahora se ven a sí mismos como una nación distinta, que podría salir adelante incluso sin Escocia. La principal razón para aceptar el referéndum, sin embargo, es el hecho de que el Scottish National Party (SNP) ganó las elecciones de 2011 por mayoría absoluta. Los partidos del Reino Unido, que entre 2007 y 2011 se habían opuesto radicalmente al referéndum, calcularon que esta oposición podría dejarles de lado, mientras que su concesión podría traerles una gran victoria, puesto que los sondeos de opinión sugerían que probablemente ganaría el “no”.

¿Qué quiere Escocia?

Aunque la formulación de la pregunta del referéndum es modelo de claridad, su significado no lo es tanto. En un mundo de “post-soberanía” la independencia es un concepto complejo. Podría argumentarse que ningún país de la Unión Europea es verdaderamente soberano, y que algunos países formalmente soberanos tienen un menor poder real que algunas regiones autónomas. El Acuerdo de Edimburgo estaba redactado precisamente para excluir opciones intermedias, especialmente la opción “devolution-max” (algo así como el mayor grado de autonomía), que conferiría a Escocia el control sobre su política interna, aunque los asuntos exteriores seguirían perteneciendo al Reino Unido. El Gobierno Escocés dejaba claro que la “devolution-max” no era su política, pero favorecía su aparición en la papeleta, confiando en que sería la primera o la segunda opción de la mayoría de votantes.

Gran parte del debate, por lo tanto, ha girado en torno a qué significa la independencia en la práctica y cuáles serían las relaciones de Escocia con el resto del Reino Unido (rUK), con la Unión Europea, la OTAN y otros organismos internacionales. El Scottish National Party (SNP o Partido Nacionalista Escocés) propone una independencia dentro de la Unión Europea en las mismas condiciones que el Reino Unido actualmente, una unión monetaria con el resto del Reino Unido y una serie de acuerdos sobre servicios compartidos, desde consejos de investigación hasta la Dirección de Tráfico. El Primer Ministro escocés Alex Salmond ha hablado incluso de seis uniones (política, monárquica, monetaria, de defensa, social y europea), de las cuales sólo pretende acabar con la primera. Esta estrategia ha sido denominada “independence-lite“.

Mientras el debate ha ido desarrollándose, las opciones “independence-lite” y “devolution-max” han empezado a fusionarse, algo que no sorprende. Y es que los estudios señalan que, dadas tres opciones a elegir (el status quo, una mayor descentralización del Reino Unido y la independencia total), la mayoría tiende a apoyar la opción intermedia. Esto podría ser un simple dato estadístico, según el cual la gente se inclina por la opción más moderada, pero este caso es algo mucho más complejo. La mayoría de los votantes no apoya una política exterior y de defensa escocesa, pero sí que Escocia controle la mayoría de los impuestos y la seguridad social. En otras palabras, apoyan el grado máximo de autonomía o el “devolution-max”. Ambas partes han trabajado arduamente para alcanzar este término medio, los nacionalistas presentando su versión atenuada de la independencia y los unionistas, por su parte, prometiendo un mayor grado de descentralización. Los demócratas liberales (Liberal Democrats) prometen federalismo, aunque no lo definen claramente. Finalmente, el partido laborista (Labour Party), profundamente dividido en lo que a esta cuestión se refiere, ha logrado ponerse de acuerdo en una pequeña ampliación de la autonomía fiscal. Los conservadores hablan de mayores competencias en fiscalidad.

Apoyo a la independencia

La propia dificultad a la hora de definir la independencia hace más difícil analizar el apoyo que ha tenido a través del tiempo. Se han utilizado varias preguntas y, al igual que en otros países, preguntas más “suaves”, que evitan palabras como “separar”, cuentan con más apoyo que las preguntas más “fuertes”. El apoyo a la independencia también ha sido tradicionalmente más bajo cuando se ha comparado explícitamente con diferentes formas de autonomía, incluso con la autonomía que representa el status quo desde 1999. Dicho esto, el apoyo a la independencia desde finales de los años sesenta, cuando comenzaron a llevarse a cabo encuestas regulares, era de alrededor del 20%. Durante los 80 y los 90, cuando Escocia tenía un gobierno radicalmente conservador por el cual no había votado, el apoyo a la independencia ascendió hasta el 30% aproximadamente. Se mantuvo a este nivel a pesar del acuerdo de descentralización e incluso de la victoria del SNP (Partido Nacionalista Escocés) en las elecciones escocesas de 2007 (como gobierno en minoría) y 2011 (con mayoría absoluta). Estas dos victorias se explican debido a la impopularidad del partido laborista (Labour Party) y a la percepción de que el SNP gestiona mejor las transferencias a Escocia, más que a un creciente nacionalismo.

Desde 2012 tenemos la pregunta oficial del referéndum y es la utilizada en los sondeos de opinión. De nuevo, el apoyo a la descentralización o “devolution” se ha mantenido en torno al 30%, pero si se elimina a los indecisos alcanza el 40%. A principios de 2014 parecía haber un ligero aumento en favor de la independencia, pero en el momento presente (abril de 2014) es imposible afirmar si se mantendrá. El apoyo a la independencia se reparte a lo largo de todo el espectro social, pero hay más apoyo entre los hombres que entre las mujeres, y más apoyo en los grupos socioeconómicos bajos que en los más altos. Los votantes del SNP tienden al “Sí”, pero existe un número sustancial de personas que votaría al SNP en unas elecciones y sin embargo votaría “No” en el referéndum. Los votantes conservadores y demócratas liberales apoyan el “No” de manera abrumadora, mientras que los votantes laboristas se encuentran divididos. Un factor relativamente nuevo es la presencia de grupos de izquierdas fuera de los laboristas, que están a favor de la independencia. Esto incluye a los verdes (Scottish Greens), a los socialistas (Scottish Socialists, un partido popular de izquierdas que llegó a tener miembros en el parlamento escocés) y algunos individuos sin afiliación política. Todo ello concuerda con el apoyo a la independencia entre los votantes de la clase trabajadora y en un segmento del electorado laborista.

Diversos grupos de la sociedad civil se han visto divididos con la cuestión de la independencia. La comunidad empresarial tiende a ser unionista y la Confederation of British Industry en Escocia, el principal grupo de empresarios, está firmemente en contra de la independencia. Algunas compañías han amenazado con trasladarse si se da la independencia, pero la mayoría ha evitado pronunciarse para no acabar en el lado equivocado sea cual sea el resultado. Hay más simpatía hacia la independencia, o al menos hacia el máximo de autonomía (“devolution-max”) entre los pequeños negocios y su federación se ha mantenido neutral. Las multinacionales parecen relativamente relajadas, ya que para ellas no supondría una gran diferencia. Los sindicatos, por su parte, han estado divididos. La mayoría han mantenido la neutralidad, pero en algunos casos el liderazgo de Reino Unido ha impuesto la línea del “No”. Dentro del movimiento sindicalista, hay un cierto apoyo por la independencia y por la máxima autonomía. De manera similar, en el sector del voluntariado hay apoyos a la independencia o la descentralización de la política de bienestar para permitir que Escocia forme la suya propia.

Asuntos sociales y económicos

El debate sobre la independencia de Escocia no ha estado dominado por cuestiones de identidad. Esto no se debe a que la identidad escocesa no sea importante, sino a que la gran mayoría de los ciudadanos, nacionalistas o unionistas, se sienten ya profundamente escoceses, por lo que el sentimiento escocés no es un factor determinante a la hora de oponerse a la independencia. Sentirse profundamente inglés sí lo es, pero es algo que sólo se aplica a una gran minoría de la población. En Escocia no hay un gran debate sobre qué es ser escocés o sobre el derecho o no a un referéndum, basado, como está, en principios de inclusión. Como consecuencia, el debate se ha centrado en cuestiones económicas y de política social.

La economía es la cuestión central. Escocia es una parte del Reino Unido que no es ni especialmente rica ni especialmente pobre. En los últimos años, su PIB per capita ha sido de aproximadamente un 96% de la media de Reino Unido, por debajo del sudeste de Inglaterra pero por encima de la mayoría del resto de regiones inglesas, de Gales y de Irlanda del Norte. El nacionalismo escocés, por lo tanto, no es ni una “rebelión de los pobres” en una región desfavorecida ni una “rebelión de los ricos” en una región que pretende mantener su riqueza propia y evitar la redistribución territorial.

El nivel de gasto público en Escocia, por razones históricas, es algo más elevado que el de la media del Reino Unido. Escocia sube sus propios impuestos y, hasta que una nueva fórmula entre en vigor en 2016, deriva prácticamente todos sus fondos del gobierno central. El nivel de financiación del gobierno autónomo se determina por la “Barnett Formula”, según la cual hay un bloqueo a las transferencias de fondos en cada partida de gastos, que toma la última partida de gastos como base y la ajusta, al alta o a la baja, basándose en una fracción de base demográfica del gasto en los servicios delegados en Escocia que realiza Inglaterra.

Esta fórmula ha estado operativa durante casi treinta años y debería haber llevado a una convergencia del gasto per capita en Inglaterra y Escocia, con una base histórica que se reduce y el elemento de base demográfica cobrando mayor importancia. Sin embargo esto sólo se ha dado parcialmente, ya que los gobiernos, por razones políticas, han buscado ralentizar la convergencia. También sucede que, si se incluyen los ingresos del petróleo, los impuestos recaudados en Escocia cubren los gastos en la misma medida que en Inglaterra. En otras palabras, el déficit fiscal de una Escocia independiente no variaría demasiado del de Reino Unido. Estas cifras, por supuesto, son discutidas por ambas partes. Los nacionalistas apuntan a una posible gran recompensa por el petróleo para una Escocia independiente, mientras que los unionistas insisten en que Escocia no podría sustentarse a sí misma. Estos argumentos, sin embargo, son muy técnicos, y muchos votantes no son capaces de evaluarlos.

También existe un desacuerdo sobre las repercusiones económicas de la independencia en un sentido más amplio. Los unionistas creen que fragmentar el Reino Unido será negativo para los negocios, que los inversores se irán de Escocia y que la nueva frontera trastornará el mercado único del Reino Unido. Los nacionalistas, por su parte, apuntan a las pequeñas pero exitosas economías del norte de Europa y prometen políticas en favor de los negocios y empresas, que incluyen una reducción del impuesto de sociedades de al menos tres peniques por libra por debajo de cualquiera que sea la cifra que establezca el gobierno de Reino Unido.

La moneda de una Escocia independiente ha dado lugar asimismo a numerosas discusiones. El SNP (pero no sus socios independentistas los verdes) propone mantener la libra esterlina dentro de una unión monetaria. Esto incluiría un pacto fiscal en la línea europea, que tendría que ser acordado por ambas partes. Los más críticos sostienen que reduciría de manera considerable el poder macroeconómico de Escocia y que es incompatible con la promesa de dotar a Escocia de instrumentos macroeconómicos para hacer crecer su economía. Los partidos de Reino Unido respondieron a todo esto en febrero de 2014, rompiendo la norma habitual de no especular sobre lo que podría pasar después de la independencia, diciendo que una unión monetaria sería totalmente imposible. El SNP afirmó que se trataba de un farol, ya que dicha unión monetaria interesaría también al llamado rUK. Lo cierto es que el problema es bastante más complicado. Nadie podría evitar que Escocia continuara utilizando la Libra (adoptar la moneda de manera unilateral es lo que se conoce como “sterlingization” o esterlinización). Si esto sucediera, el gobierno del rUK podría tratar de hacerlo todo más fácil o más difícil. Es poco probable que llegaran a acordar una unión monetaria en los términos que plantea el SNP, ya que esto traería consigo una influencia real en la política monetaria para Escocia y límites fiscales para Inglaterra. Lo que sí se podría acordar es un pacto para asegurarse de que Escocia no desestabilizara la moneda. Esto pondría al rUK en una posición ventajosa.

Otra de las cuestiones esenciales en el debate ha sido la del bienestar y la asistencia social. El actual gobierno de Reino Unido, formado por conservadores en coalición con los demócratas liberales, ha iniciado un ambicioso programa de reforma del sistema de prestaciones sociales, destinado a simplificarlo y a reducir sus costes.

Durante un tiempo, parecía que el SNP permanecería en silencio, quizás con la esperanza de heredar un estado de bienestar más barato. Sin embargo, ahora se han erigido defensores del estado de bienestar posterior a 1945 contra los esfuerzos neoliberales por desarmarlo. Así la independencia se presenta como la vía para salvar este estado de bienestar, especialmente si las elecciones de 2015 tienen como resultado un gobierno conservador en mayoría en Westminster. Esto ha unido a la corriente más socialdemócrata del SNP con elementos del movimiento sindical y del sector del voluntariado, así como a independentistas de izquierda y organismos como la Jimmy Reid Foundation, un “think tank” de izquierdas, que ha desarrollado el programa conocido como “Common Weal” para una Escocia independiente y social-demócrata.

La propuesta de independencia ahora hace referencia no tanto a los pequeños estados en general sino a las democracias sociales nórdicas, presentadas como modelos a seguir para Escocia. El “White Paper” del gobierno escocés sobre la independencia se acoge a la idea de la inversión social y el crecimiento a través de servicios públicos de calidad y de inversión en educación, investigación e infraestructuras. La debilidad de este argumento es que coexiste con una estrategia de bajada de impuestos asociada a la corriente liberal del SNP. Así que está la promesa de recortar el impuesto de sociedades, la de reducir a la mitad y posteriormente abolir el impuesto al transporte aéreo y el compromiso de mantener niveles de impuestos similares a los del rUK. Durante su gobierno, el SNP ha congelado los impuestos a la propiedad, que solían ser la principal fuente de ingresos para los gobiernos municipales.

La respuesta a este mensaje de bienestar del SNP ha sido liderada por el partido laborista, que insiste en que la Solidaridad Social recae necesariamente en el Reino Unido. Es coherente con los clásicos argumentos federalistas sobre el efecto que los servicios redistributivos tendrían para evitar la competencia fiscal y para poder hacer frente a impactos asimétricos. El punto débil de esta postura en el caso escocés es que es precisamente Reino Unido quien ha cuestionado el estado de bienestar mientras que el gobierno escocés ha intentado mantener la universalidad en el suministro de servicios públicos.

La distinción entre servicios redistributivos y otros servicios parece también anticuada, ya que todos los servicios pueden redistribuirse y todas las áreas en materia de bienestar y servicios sociales están siendo reconstruidas y reescaladas. Esto es lo que ha impedido al partido laborista hacer nada mínimamente convincente sobre la descentralización del bienestar.

Europa

Desde la década de los 80, el SNP ha ubicado la independencia de Escocia dentro de un contexto europeo. La independencia dentro de Europa ha sido promovida como un medio para mantener una unión económica y social más amplia asegurando asimismo la soberanía escocesa.

Hay pequeñas pero significativas diferencias entre la percepción que tiene Europa sobre Escocia y sobre Inglaterra. Escocia es percibida como mucho menos euroescéptica y, lo que es más importante, el consenso permisivo en favor de Europa, que está roto en Inglaterra, sobrevive en Escocia. Por ello el SNP (partido nacionalista escocés) no se ve perjudicado por ser abiertamente pro-europeo. Esta cuestión se ha convertido en uno de los temas centrales de la campaña por el referéndum, ya que los que defienden el “No” han cuestionado de manera constante si realmente Escocia podría llegar a convertirse en un estado miembro.

Inicialmente, la posición nacionalista era que Escocia simplemente permanecería en Europa, sucediendo a la actual membresía de Reino Unido. Muchos nacionalistas han argumentado que si la unión se disuelve, se crearán dos nuevos estados y que ambos tendrán que renegociar sus obligaciones internacionales, aunque esto nunca se ha llegado a convertir en una propuesta seria. La actual posición del SNP es que Escocia no permanecería en la UE sino que tendría que convertirse en miembro, pero que este proceso sería más o menos automático. Dos han sido los caminos propuestos: podría haber un cambio de tratado para reconocer Escocia como el vigésimo noveno estado miembro, o bien Escocia podría solicitar su membresía como estado adherido y acelerar el proceso, ya que cumple todos los requisitos necesarios.

Como respuesta, los unionistas han argumentado que Escocia no sería admitida, que otro estado miembro podría vetar la adhesión de Escocia, que sería un proceso muy largo y que Escocia tendría que aceptar sus términos, incluyendo ser forzada a entrar en el Euro y el espacio aéreo Schengen, además de suponer una pérdida de la rebaja que tiene el Reino Unido. En una entrevista en la BBC realizada en febrero de 2014, el presidente de la Comisión Europea Jose Manuel Barroso declaró que sería “difícil, si no imposible” que Escocia se convirtiera en estado miembro, comparando su situación con la de Kosovo. En otras ocasiones, refiriéndose a Escocia y a Catalunya, Barroso ha afirmado que un territorio separado de un estado miembro se quedaría automáticamente fuera de la Unión Europea, incluyendo el mercado único. Esto es muy poco probable.

Y es que, bajo los términos del Acuerdo de Edimburgo, Escocia sería reconocida por Reino Unido, a diferencia de Kosovo, que no es reconocido por algunos estados de la UE por no ser reconocido por Serbia. También sería diferente a una hipotética independencia de Catalunya, que no sería reconocida por España. Si Escocia es reconocida por Reino Unido no hay motivos para que otros miembros de la Unión Europea nieguen ese reconocimiento. No hay precedentes de un estado que es reconocido por el estado del que se ha independizado y que no sea reconocido por otros estados. De manera accidental, el propio Barroso se ha visto atado, argumentando en repetidas ocasiones que una Catalunya independiente estaría fuera de la UE. La cuestión es que según la constitución española una Catalunya independiente es completamente imposible, por lo que Catalunya no podría estar fuera de la UE. Al sugerir que podría estarlo, Barroso cae en la trampa de aceptar que Catalunya podría ser independiente.

Convertirse en estado miembro de la UE es algo abierto a cualquier democracia europea que cumpla los criterios de Copenhague y adopte el acquis communautair. Esto no está definido en los tratados como un derecho absoluto, pero se entiende claramente que a dichos estados se les debe permitir entrar, de otro modo la UE estaría traicionando sus principios fundadores de convertirse en un club más que en una unión. Escocia ha estado dentro de la UE durante cuarenta años y cumple los criterios al igual que otros países, incluso más que algunos de los miembros recientes.

De manera paralela, a nadie le interesa dejar a Escocia fuera del mercado único. La UE tiene mayores problemas entre mano ahora mismo y es altamente improbable que la Comisión y los estados miembros se molesten en invertir su tiempo y sus gastos en desarmar los lazos de Escocia con la UE, incluyendo medidas comerciales, estándares y normas sobre productos, movimiento de personas, bienes y servicios e imposición de barreras comerciales. Todavía es menos probable si pretenden permitir que Escocia vuelva a la UE en su debido momento. Los intereses comerciales también se opondrían a la creación de un vacío en el mercado interno y a los costes que esto supondría.

Ningún gobierno se ha arriesgado a vetar la membresía de Escocia, aunque el español ha sido invitado a hacerlo en repetidas ocasiones. Han argumentado hábilmente que el caso de Escocia no sentaría un precedente para Catalunya, asegurándose de no acabar en el bando perdedor suceda lo que suceda. También saben que amenazar con vetar a Escocia, incluso si la independencia escocesa se negociara de manera legal y constitucional, sería un incentivo para los nacionalistas vascos y catalanes, incluso los más moderados.

Lo cierto es que la membresía de Escocia no tardaría demasiado en negociarse. Contrariamente a lo que Barroso y otros han sugerido, no hay una “cola” para entrar en la UE. Los solicitantes se admiten como y cuando están preparados para ello. Como el gobierno de Reino Unido apuntó en uno de sus informes, los estados nórdicos completaron sus negociaciones en uno o dos años. Si Islandia o Noruega quisieran cambiar de opinión y solicitarlo ahora, entrarían de manera muy rápida. Y si Escocia cumple los requisitos, Barroso (o su sucesor), se verían obligados a realizar una recomendación favorable al Consejo Europeo y a no aplicar nuevos criterios políticos.

Respecto al Euro, es muy poco probable que Escocia se viera forzada a adoptarlo. De hecho es extraño que los unionistas, que defienden que sería extremadamente difícil que Escocia se uniera a la UE, parezcan pensar que entrar en el Euro sería algo mucho más directo. Adoptar el Euro es un proceso arduo que no sigue de manera automática a la entrada en la UE. Suecia no tiene una opción “opt-out” de quedarse fuera del Euro, pero no muestra signos de unirse a la moneda única y hacerlo requeriría un referéndum. La República Checa y Hungría tampoco tienen prisa. A largo plazo, sería sensato para una Escocia independiente no descartar el Euro y los nacionalistas han dejado las diferentes opciones monetarias para los futuros gobiernos escoceses.

Entrar en la zona Schengen también es un paso más allá de la UE, aunque en principio también es requerido. Como la mayoría de los estados están tratando de entrar en ella, más que de mantenerse fuera, no sabemos cuánta presión supondría esta cuestión para Escocia, pero en cualquier caso mantener un espacio de circulación común con el Reino Unido e Irlanda sería suficiente para excluir a Escocia de Schengen.

Y sobre la reducción que posee el Reino Unido, parece improbable que otros estados miembros quisieran permitir que la mantuviera por completo durante el periodo presupuestario de 2014-2020, y desde luego no querrían reabrir negociaciones sobre el presupuesto. Lo más probable es que hubiera una división basada en un criterio per capita. En las negociaciones sobre el presupuesto posterior a 2020, el Reino Unido estará bajo una gran presión, especialmente si crea problemas y pierde aliados tratando de renegociar su posición. Sólo podría mantener su reducción presentando datos contrastados sobre contribuciones e ingresos. Este argumento se extendería igualmente a Escocia y la única forma de que Reino Unido evitara el aislamiento en esta cuestión sería reclutando a los escoceses como aliados.

Por otro lado, hay algunas deficiencias críticas en los argumentos nacionalistas. El “White Paper” sobre la independencia del gobierno escocés propone mantener todas las opciones “opt-out” existentes. En 2014 Reino Unido debe decidir si entrar o salir por completo del tratado de las disposiciones relativas a los asuntos de justicia e interior, sobre lo que tiene un límite de tiempo. Reino Unido ha decidido salir para después volver a entrar de manera selectiva. El gobierno escocés, que posee la mayoría de estas competencias por el tratado de descentralización, se opone a esto, prefiriendo entrar por completo. Ahora afirma que incluso una Escocia independiente seguiría la línea del Reino Unido en este asunto. Reino Unido propone aflojar sus lazos con Europa y Escocia se arriesga por lo tanto a ser arrastrada. Si Europa avanza en su propia dirección en la regulación financiera, una Escocia que mantiene la Libra, tal y como propone el SNP, será arrastrada de nuevo a la órbita de Reino Unido. Si Reino Unido decide tener una relación “semi-separada” con la UE, Escocia tendría mayor presión. Así que en lugar de posicionarse en el centro de Europa, utilizando su influencia como país pequeño para establecer su agenda, Escocia acabaría en la periferia de Europa.

Riesgos e incertidumbres

Hay muchas dudas e incertidumbres alrededor de ambas cuestiones, tanto de la independencia como de la permanencia en el Reino Unido, y las evidencias muestran que son precisamente estas dudas los factores más importantes a la hora de influenciar a los votantes. Las diferencias en esa aversión al riesgo podrían explicar también las diferencias entre hombres y mujeres y las que se dan entre diferentes clases sociales que tienen más o menos que perder. Como consecuencia, ambas partes han intentado presentar la propuesta contraria como la más arriesgada y la propia como la más segura. Los unionistas cuentan con la ventaja inherente de defender el status quo, pero se arriesgan a ser percibidos de manera negativa y como amenaza para los escoceses. De hecho, existen voces en el seno unionista que alertan sobre ello, pero sin éxito. Los nacionalistas apuntan al Reino Unido como la opción más arriesgada, citando la reforma en la asistencia social y la posibilidad de un gobierno conservador del cual Escocia estaría excluida. Desde 1997, los conservadores han tenido como máximo un escaño en Escocia y llegaron a no tener ninguno. Los nacionalistas también sacan provecho del riesgo de que Escocia pudiera ser sacada de la UE en contra de su voluntad si se celebra un referéndum en 2017 por parte de Inglaterra. Incluso el ministro español de Asuntos Exteriores, que no es precisamente afín a la independencia de Escocia, ha afirmado que si Inglaterra votara “no” a Europa en ese referéndum, Escocia podría celebrar otro para pedir la secesión de Reino Unido y permanecer en la UE (Política, 06/03/2013).

El centro del debate escocés lo ocupa, por lo tanto, la elección de uniones y no el separatismo. Reino Unido ofrece una unión continuada de Inglaterra con una Unión Europea más flexible, al menos por parte de los conservadores. Los nacionalistas escoceses proponen una unión más flexible con el Reino Unido con una dimensión europea mucho más fuerte. Nos hace recordar que la independencia no es lo que era antes, en el mundo de los estados-nación independientes.